Lo ocurrido ayer en la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) fue un abuso de poder que vulneró la independencia del proceso electoral y dejó un mensaje de intimidación inaceptable para la abogacía nacional.
Más grave aún es el nivel de falta de criterio lógico que revela la decisión judicial que autorizó un operativo de allanamiento y presencia fiscal en plena jornada de votación.
Porque aun admitiendo la existencia de denuncias, ningún juez razonable puede ignorar lo obvio: una diligencia de esa magnitud, ejecutada en el momento más sensible del proceso, no solo investiga; perturba, condiciona y presiona. En términos prácticos, altera el ambiente de libertad indispensable para que el voto sea auténtico.
Ese tipo de resoluciones no son simples “errores”. Son decisiones institucionalmente peligrosas: convierten el Derecho penal en herramienta de intervención y normalizan la idea de que un proceso democrático interno puede ser irrumpido por la fuerza.
Por eso, el CANG no puede limitarse a “pasar la página”. Debe documentar lo ocurrido, exigir responsabilidades y sentar un precedente claro: que ningún juez y ningún fiscal pueden utilizar el poder del Estado para irrumpir procesos electorales internos como si se tratara de un objetivo operativo.
Si esto se tolera hoy, mañana se repetirá.
Y cuando se repita, ya no será abuso: será método.